¿Adelantar una reforma a fondo de la Ley 100 o promover una nueva ley estatutaria? ¿Delimitar un paquete de servicios básicos de salud o asegurar que todo esté cubierto por el sistema? ¿Eliminar las aseguradoras (EPS) o definir que la prestación de la salud esté en manos del Estado, sin intermediarios?
Esos son algunos de los asuntos críticos que estudian los expertos cuando piensan en el futuro de la salud en Colombia. Las posiciones no encuentran muchos puntos de convergencia. Específicamente las que exhiben los académicos de la salud y, en la otra orilla, las de los economistas.
Los representantes de la academia, particularmente facultades de las áreas de la salud, quienes se reunieron en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, coinciden en su mayoría que el revolcón tiene que ser definitivo.
Álvaro Cardona , decano de esta facultad, explica que la propuesta es hacer borrón y cuenta nueva. “Necesitamos estructurar una nueva ley estatutaria, que ponga en el centro el concepto de la salud como derecho, que desaparezca la intermediación financiera y el esquema de las aseguradoras”. Cardona agregó que la idea es promover un “cambio fundamental en la filosofía y el sentido que orienta a la ley vigente. Hay que derogar el núcleo de la ley 100. Es claro para nosotros que mientras se mantenga la idea del sistema de salud como mercado vamos a tener fracasos”.
Indicadores en contra
Gabriel Carrasquilla , director del Centro de Estudios e Investigación en Salud de la Fundación Santa Fe y gerente del programa Así Vamos en Salud, también es partidario de la idea de que el sector necesita una revisión estructural.
“Hay acuerdo respecto a cómo han ido declinando las condiciones de salud de los colombianos. Hay que pensar en un sistema distinto, no orientado a la intermediación financiera para el manejo de la enfermedad, sino hacia la prevención, la promoción de la salud y un desarrollo adecuado de la estrategia de atención primaria que hace 40 años definió la Organización Mundial de la Salud y que todavía no se ha implementado en el país”.
Dos ejemplos de cómo, para estos expertos, los estándares de salud en Colombia han desmejorado desde la implementación de la Ley 100, fueron expresados por la médica salubristaLuz Elena Sánchez , directiva de la Asociación Colombiana de la Salud: “En el país están creciendo los casos de sífilis congénita, como si estuviéramos en África y hay un brote de tosferina preocupante, estos problemas no estaban en la epidemiología colombiana hace diez años. El POS no se compadece con la concepción de derecho vital de salud. Sí, tiene que haber limitaciones, pero éstas no deben ser marcadas por los mecanismos de mercado”.
En el centro de la discusión está, de nuevo, el papel de las EPS. Luz Elena Sánchez advierte que la intermediación de los aseguradores se debe eliminar. Un ciudadano no tendría por qué acudir a un intermediario que le genera tantas barreras administrativas. Queremos que haya acceso al sistema de salud y que los dineros de la salud, que son del bolsillo de todos, dejen de ser un factor de rentabilidad para algunas empresas”.
La directora del Centro de Investigaciones de la Universidad de Nariño, Sonia Gómez , agrega que a estas señales de alerta se suma el rezago que muestra la atención en las regiones. “La discusión sobre la crisis del sistema se ha centrado en las grandes capitales en donde evidentemente la crisis tocó fondo con el cierre de hospitales. Sin embargo, en las regiones más apartadas del país, siempre ha existido crisis porque el sistema no está llegando a los más vulnerables”.
Esta investigadora afirma que la discusión de una reforma debe darse a partir de una apuesta común. “No sería partidaria de tomar una posición hasta que el grupo de académicos e instituciones tengamos claro hacia dónde orientarnos”.
Los recursos existen
El tema financiero también está sobre la mesa. Muchos analistas concluyen que los recursos del sistema de salud son suficientes, pero que la intermediación, la corrupción y la burocracia están dando al traste con la viabilidad.
“Estamos casi en el 8 por ciento del PIB. Es uno de los países de Latinoamérica con mayor gasto en salud. Son 45 billones de pesos. El gasto per capita es de casi 800.o000 pesos por persona al año y la UPC del régimen contributivo es de 550.000”, dice Gabriel Carrasquilla , quien agrega que desde 1993, cuando se realizaron los primeros estudios sobre suficiencia financiera del sector, Fedesarrollo demostró que había con qué.
Pero del otro lado están los economistas que opinan que el presupuesto de la salud se debe ajustar mediante la definición de un paquete de servicios, es decir, del POS.
Jairo Humberto Restrepo , docente e investigador en economía de la salud, opina que la reforma debe considerar tres aspectos claves y, analizar con cuidado una reforma que tenga en cuenta lo bueno que existe en el modelo actual.
“Que examine cuánto se está invirtiendo en salud, en qué se están gastando los recursos y cómo van a hacer para llevar a cero la corrupción. Hay muchas cosas que parten de la ley 1438, eso puede ser mucho más efectivo que enredarnos en un nuevo proyecto de ley”.
Este experto agrega que como economistas y como ciudadanos respaldan la idea de que la salud es un derecho fundamental. “Pero nos toca reconocer que cuando los derechos nos llevan a generar el consumo de recursos de manera ilimitada hay que poner límites. Debemos generar mecanismos que nos permitan priorizar la atención en salud, que los recursos vayan encaminados a garantizar la atención universal de un paquete de servicios”.
Restrepo concluye que el gran problema que tiene el sistema es que se ha desbordado el gasto correspondiente a medicamentos y a a atenciones no cubiertas por el POS. “Esos recursos, que son de 3 billones de pesos al año, son objeto de intervención en la medida que allí se está atendiendo a pocas personas con medicamentos y tecnologías sumamente costosos. En muchos casos sin quererlo, defendiendo el derecho a la salud, terminamos defendiendo el derecho de las farmacéuticas y la industria médica a proveer unos servicios muy costosos. El Gobierno ha reconocido esto y esperemos que surta efecto las medidas que se anuncia”.
Este año el gobierno nacional deberá destapar sus cartas, en todo caso, la depuración que se ha propuesto a las más de 70 EPS del país, deja la idea de que el Gobierno no le caminaría a una eliminación radical de estas empresas.
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